centro e izquierda, planteaba cambiar la historia de casi dos décadas de dictadura militar, caracterizada por similares reformas neoliberales, para saldar la deuda social con una orientación explícita de crecimiento con equidad (Arellano, 2014; Raczynski, 1998; Larrañaga, 2010). Fujimori instauró políticas análogas a las que el gobierno del país vecino implementó en los setenta, y cuya población anhelaba mayoritariamente corregir o erradicar con la restauración de la democracia. En la historia peruana reciente, los profundos conflictos sociopolíticos, la crisis macroeconómica y sus implicancias fiscales, agudizadas en la administración de García (1985-1990), generaron restricciones a los futuros gobiernos, que en parte retrasaron la aparición de contenido social en la agenda de políticas112 (Stern, 1999; Klarén, 2007; Mendoza y otros, 2012). De esta manera, mientras que en Chile el tema fue una prioridad de política explícita, en Perú, el compromiso político para un crecimiento con inclusión social empezó a manifestarse de manera implícita en la última mitad de la década de 2010 (Tanaka & Vera, 2007; Iguiñiz, 2014). Lo anterior se ilustra en algunos hechos sobre la disponibilidad de recursos públicos y la voluntad política de orientarlos a sectores sociales. En general, el Perú sufrió una caída significativa en la capacidad de gasto del gobierno en la década de 1980, de la cual no logró recuperarse hasta la segunda mitad de la década del 2000. En tanto el gasto efectuado por el gobierno de la Concertación experimentó un ascenso continuo desde 1990 (Mendoza y otros, 2012). Así, la brecha en el gasto de ambos gobiernos se expandió desde la segunda mitad de la década de 1980 hasta triplicarse en 2013. 136
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