marco apropiado para proyectar de modo constructivo las relaciones vecinales. Más aún, la creación de una genuina unidad regional obligará a diluir las fronteras construidas con tanto sufrimiento a lo largo de dos siglos. Lo que ha hecho Europa no solo con sus fronteras, sino también con sus monedas y sus poderes legislativos. Estamos ante «un constante deterioro de la noción de soberanía, frente a las exigencias de la interdependencia […]» (Bákula, 2002, p. 1162). O quizá, frente a una nueva ampliación de los sujetos que ejercen la soberanía: ya no solo el rey, soberano absoluto, ni solo el pueblo nación dentro de un Estado, sino también instancias y conjuntos más amplios y complejos. Al cabo de cinco siglos de existencia del Estado nacional moderno, muchas de sus funciones son desplazadas a instancias supranacionales o subnacionales. Seguir discutiendo nuestros problemas en torno al concepto de soberanía absoluta parece, por decir lo menos, anacrónico. El ex canciller boliviano Antonio Araníbar Quiroga13 ha listado algunas de las realidades que han llevado a relativizar el concepto de soberanía nacional. Entre ellas: La soberanía perforada a la que se refiere Osvaldo de Rivero, es decir, al control desde el exterior de la moneda y las políticas fiscales, las telecomunicaciones y los problemas ecológicos globales (De Rivero, 1998, pp. 36-40). La soberanía limitada, como la que tiene Chile sobre Arica en virtud del Tratado de 1929, por el cual Chile no puede disponer de esta área en beneficio de terceros países sin la autorización del Perú; queda prohibido artillar el Morro de Arica; y se establece una servidumbre de tránsito para el ferrocarril a Tacna, así como para los canales Uchusuma y Mauri. La soberanía compartida, que propuso el Perú cuando aceptó la posibilidad de una franja costera para Bolivia al norte de Chile con un punto final en Arica, que tendría con una soberanía compartida trinacional. La soberanía escindida que separa la soberanía y la propiedad, como se ha hecho con Tiwinza en los acuerdos entre Perú y Ecuador (Araníbar, 1999, pp. 107-111). 12
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